Por Marco Villarroel

La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío (COEVA) aprobó por unanimidad el proyecto de explotación de tierras raras que Aclara busca instalar en Penco, pero la comunidad lo había rechazado en 2022 con un 99% de los votos. Detrás de la decisión hay algo más profundo: la subordinación de Chile a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y un patrón histórico de saqueo que este país no logra romper. La tesis es simple: Penco no es un accidente. Es el último eslabón de una cadena que Chile arrastra desde hace más de un siglo.

EL ABISMO ENTRE LA URNA Y EL DECRETO

El 8 de junio de 2026, la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío (COEVA) votó por unanimidad a favor del proyecto de tierras raras “Módulo Penco”, impulsado por la transnacional canadiense Aclara Resources en asociación con el Grupo CAP¹. Doce funcionarios del gobierno de José Antonio Kast (entre ellos los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Minería y Desarrollo Social) aprobaron la iniciativa en el Salón Biobío de la Delegación Presidencial Regional².

La resolución fue técnica. El fundamento, según el delegado presidencial Julio Anativia, fue “el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable”³. Un informe consolidado del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de más de quinientas páginas avalaba la decisión⁴. Todo en orden. Todo en regla. La “validez técnica” ha sido utilizada para anular la legitimidad social.

Afuera, la policía contenía a los vecinos de Penco y Lirquén. Apenas cinco meses antes, en enero de 2026, un megaincendio había arrasado la zona, dejando a muchas familias en precariedad. El fuego consumió bosque nativo¹. Ahora, sobre las cenizas aún calientes, el gobierno aprobaba la minera. Dos días antes, el 6 de junio, miles de personas habían marchado desde Penco a Lirquén con carteles que decían “No a la minera Aclara” y “Penco no es zona de sacrificio”⁵. Familias enteras, niños, pescadores artesanales, pequeños empresarios gastronómicos. La prensa regional cubrió la movilización.

El Estado dijo sí. El territorio dijo no. Esa contradicción es el punto de partida.

EL TERRITORIO DIJO NO. EL GOBIERNO LOS IGNORÓ

No era la primera vez que la comunidad se pronunciaba. En febrero de 2022, Penco realizó la primera consulta ciudadana sobre un proyecto minero en Chile. Participaron 7.548 personas. El 99% votó “No a la minera”⁶. La empresa minimizó el resultado. El Estado no lo consideró vinculante.

Camila Arriagada, vocera de Penco-Lirquén Libre de Mineras, dijo a la prensa días antes de la votación: “Los seremis son irresponsables y negligentes”⁷. El alcalde Rodrigo Vera, que había denunciado fraccionamiento del proyecto ante la Superintendencia del Medio Ambiente, lo resumió con una frase que debería ser escuchada en La Moneda: “Queremos ser la capital turística del Biobío, no una zona de sacrificio”⁸.

La comunidad no es un rumor. Es una fuerza con votos, marchas, declaraciones y denuncias. El gobierno las conoce. Las ignoró.

NATURALEZA ARRASADA, RADIACTIVIDAD SIN CONTROL

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) identificó 73,82 hectáreas de bosque nativo de preservación y 606 individuos de especies protegidas: el Queule (Monumento Natural), el Naranjillo y el Pitao⁹. La “reubicación” prometida por la empresa es, para la ciencia forestal, una muerte anunciada: trasplantar un árbol endémico de su ecosistema es condenarlo a morir.

Más grave es el silencio radioactivo. La empresa asegura que su proceso no genera radiactividad. Es un truco semántico. El problema no es generar, sino concentrar: uranio y torio que terminan en los relaves. Por eso la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) exigió monitoreo de radionúclidos en el lastre, las arcillas lavadas y los trabajadores expuestos¹⁰. La Seremi de Salud respondió que “no hay normativa ambiental para radiaciones en Chile”¹¹. Si no hay riesgo, ¿por qué la CChEN lo exige? Ese vacío es el problema: pueden movilizar material radioactivo sin control.

El alcalde Vera denunció fraccionamiento ilegal: la empresa dividió artificialmente las zonas de extracción para que el impacto pareciera menor y así evadir una evaluación ambiental integral. En concreto, excluyó del polígono el depósito “Júpiter”¹². El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) declara 17 años de vida útil y 275 hectáreas de intervención¹³. La ley prohíbe el fraccionamiento. La COEVA lo ignoró.

El Estado tiene los informes. Sabe que hay bosque nativo. Sabe que la CChEN exige monitoreo radioactivo. Sabe que el alcalde denunció fraccionamiento. Los tuvo sobre la mesa mientras votaba. Y, pese a todo, votó que sí.

EL ESPEJISMO DEL EMPLEO

La principal promesa de la empresa —el argumento que repiten en cada entrevista el gerente general de Aclara, Enrique Donoso, y el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías— es el empleo. “Alrededor de 2.200 empleos directos e indirectos”, dice el discurso¹⁴.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que la propia empresa presentó ante el Estado declara otra cosa: 217 empleos en operación (promedio), 320 como máximo¹⁵. La diferencia no es un error. Es la distancia entre el discurso y la letra chica.

El compromiso de contratar “40% de mano de obra local” es un Compromiso Ambiental Voluntario (tiene peso legal). Pero el Anexo 11-1 del EIA incluye una cláusula de escape: si no se encuentran “los perfiles adecuados” en Penco, la empresa puede contratar a nivel provincial o regional¹⁶. Penco no tiene ingenieros metalurgistas ni especialistas en lixiviación química. El 40% se cumplirá con trabajadores de Concepción o de otras regiones. Los empleos reales para la comuna serán subcontratados, precarios, temporales.

La promesa es 2.200. La realidad es 217. La letra chica permite que los empleos “locales” no sean de Penco. La comunidad se queda con el daño. Los sueldos se van con los camiones. En Chile, la riqueza nunca chorrea. Se la llevan en camiones.

LOBBY SIN REGISTRO

La desconfianza de la comunidad no nace solo de los impactos ambientales. Nace también de cómo se tomó la decisión.

El 15 de febrero de 2024, en las oficinas del Gobierno Regional del Biobío, se reunieron el gobernador Rodrigo Díaz, el CEO de Aclara (Ramón Barúa), los gerentes de Chile y Brasil, y una delegación de autoridades del estado de Goiás (Brasil), donde Aclara desarrolla un proyecto gemelo llamado “Módulo Carina”¹⁷.

El acta oficial de la reunión, obtenida por transparencia, tiene tres líneas. La categorizaron como “saludo protocolar”. La reunión nunca fue registrada en las plataformas de Ley de Lobby. Una cumbre internacional de alto nivel tratada como un trámite menor.

El gobernador no ha explicado qué se discutió. La ley de lobby no lo registró. Esa es la opacidad que la comunidad denuncia. Así se cocinan las decisiones que cambian un territorio: no a la vista de todos, sino en la penumbra de un “saludo protocolar”.

Pero esta opacidad no es un accidente. Es el modus operandi de un patrón que viene de lejos.

EL ETERNO RETORNO DEL SAQUEO HISTÓRICO

Hasta aquí, el caso Penco parece un conflicto local más: una empresa, una comunidad, un Estado que decide. Pero si se mira hacia atrás, el patrón se repite con una consistencia que ya no puede llamarse coincidencia.

En 1891, Balmaceda quiso que el salitre financiara el desarrollo de Chile. La oligarquía salitrera, aliada al capital británico, lo derribó en una guerra civil. En 1971, Chile nacionalizó el cobre. La dictadura no se atrevió a cambiarlo en el papel, pero lo vació por abajo: concesiones plenas, invariabilidad tributaria, control extranjero. El litio se fue con contratos opacos a SQM. El agua se privatizó en el Código de Aguas de 1981. El mar se entregó con la Ley Longueira de 2013¹⁸.

Una y otra vez, la misma lógica: un recurso chileno, una ley o un contrato que lo regala, una élite local que facilita, un capital extranjero que se lo lleva. A veces, la catástrofe allana el camino.

El megaincendio de enero de 2026 arrasó el bosque nativo. Tierra arrasada baja de valor. El sector empresarial celebraba la flexibilización regulatoria como oportunidad. La oportunidad aparece sobre las cenizas¹. Hoy, el Grupo CAP —socio de Aclara en Penco— cumple el mismo rol que la oligarquía salitrera en 1891: presta su influencia, su red de lobby y su peso corporativo para pavimentar la entrada del capital transnacional. Lo que CAP presta no es soberanía industrial. Es peaje.

Penco no es una innovación. Es el último eslabón de una cadena de extracción que se niega a romperse. El valor se va, el impacto se queda. Las tierras raras se irán como concentrado bruto a refinerías en Estados Unidos o Europa. El valor agregado se queda allá. Acá se queda el bosque quemado, el agua amenazada, el empleo precario.

El mismo gobierno que aprobó Penco acaba de poner al frente de Codelco a un crítico del Estado y defensor del sistema privado de pensiones¹⁹. No lo ha dicho, pero las señales son claras: el mismo libreto de siempre.

GEOPOLÍTICA DEL FIN DEL MUNDO

Pero hay una capa más profunda. Penco no es solo el último eslabón de una cadena de saqueo interno. Es también una pieza de un tablero geopolítico que se juega muy lejos de la comuna. Y esa pieza la están moviendo en Washington.

En mayo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast firmó un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos para “colaborar en minerales críticos”²⁰. El acuerdo establece plazos sumarios para facilitar la extracción de 43 minerales, incluidas las tierras raras. Cero escrutinio legislativo. Cero participación ciudadana.

Detrás de ese acuerdo hay una maquinaria pesada. El gobierno de Estados Unidos ya ha comprometido cerca de US$18.600 millones en financiamiento para proyectos de minerales críticos, según un informe de BMO Global Commodities Research de mayo de 2026²¹. ¿Por qué? Por su uso en defensa, tecnología avanzada y seguridad nacional. Penco ya no es evaluado por su impacto comunal, sino por su utilidad estratégica internacional.

El Pentágono ya invirtió US$400 millones en MP Materials, el único productor de tierras raras de Norteamérica, convirtiéndose en su principal accionista²¹. La International Development Finance Corporation (DFC) —la agencia de financiamiento del gobierno estadounidense— ya financió a una minera brasileña (Serra Verde) con US$565 millones²¹. Y ahora están negociando con Aclara.

El CEO de la minera, Ramón Barua, lo confirmó a Bloomberg el mismo día de la aprobación: “Se lo hemos propuesto. Conceptualmente [sic], les gusta”²². La misma DFC que pone plata en Brasil negocia por Penco. No es casualidad. Aclara está jugando en un tablero continental (Chile-Brasil) para proveer a Estados Unidos.

El almirante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, lo dijo en febrero de 2025 sin rodeos: la prioridad militar de su país en Sudamérica es “ganar la competencia estratégica con China”²³. Y señaló explícitamente el litio y las tierras raras como los recursos en disputa. Penco es una pieza más de ese tablero. Pero es la que está en juego hoy.

El embajador de EE.UU. en Chile escribió en su cuenta de X el 20 de enero de 2026: “Las cadenas de suministro diversas y seguras de cobalto y tierras raras son esenciales para la seguridad nacional de EE.UU.”²⁴

No dijo: “para el desarrollo de Chile”. Dijo: “para la seguridad nacional de EE.UU.” No es ayuda. No es cooperación. Es extracción con permiso. Una jugada estratégica frontal, disfrazada de inversión.

Washington no es neutral. Nunca lo fue. Penco no es un conflicto minero. Es la nueva frontera del imperio en retirada, que aprieta las garras sobre lo que puede llevarse antes de que el mundo multipolar termine de reconfigurarse.

EL TERRITORIO NO SE RINDE

El gobierno de Kast dice que Penco cumple la normativa. Washington dice que las tierras raras son esenciales para su seguridad nacional. La comunidad dice que no quiere ser zona de sacrificio.

La COEVA votó. Ahora hablan los tribunales. Hay 30 días hábiles para presentar recursos de reclamación e invalidación, según confirmó la ONG Defensa Ambiental²⁵.

Y hay precedentes. El proyecto GNL Penco-Lirquén tiene Resolución de Calificación Ambiental favorable desde hace años. No se ha construido. No fue la buena voluntad de las empresas. Fue la organización vecinal, los cabildos, los tribunales²⁶. En Isla Riesco, la Corte Suprema rechazó las tronaduras que la minera quería imponer después de haber prometido lo contrario²⁷. La comunidad vigilante detiene sistemáticamente lo que las fallas de la ley ambiental permiten.

Porque la comunidad ya sabe cómo se hace.

La pregunta no es si Aclara tiene permiso. La pregunta es si el territorio tiene derecho a decir no cuando el tablero global le exige decir sí. Porque la soberanía ya no se pierde con invasiones militares o golpes de Estado. Se diluye en un papeleo administrativo, en permisos ambientales respaldados por agencias extranjeras.

Si la historia de Chile —desde Balmaceda hasta hoy— nos enseña algo, es que esa pregunta nunca ha sido respondida. Esta vez, quizás, sea distinto. No porque el gobierno haya cambiado. Sino porque el pueblo ya no se calla.

NOTAS AL PIE

¹ Megaincendio de enero de 2026 en Penco y Lirquén. Organizaciones exigieron al SEA detener la tramitación del proyecto. Vecinos reportaron pérdida de valor de la propiedad. La Via Campesina denunció que “el sector empresarial celebra la idea de un nuevo ciclo de ‘permisos más rápidos’ y flexibilización regulatoria”. Fuentes: OLCA, 17 feb 2026; Diario Constitucional, feb 2026; La Via Campesina, 25 ene 2026.

²⁷ “Alerta Isla Riesco valora el cierre definitivo de Mina Invierno”, La Prensa Austral, 8 jun 2026.