Por Carlos Muñoz Lecerf

En abril de este año, la empresa privada Palantir juró lealtad militar al gobierno de Estados Unidos mediante un manifiesto de 22 puntos en el que su director ejecutivo, Alex Karp, señaló que Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge y que para los ingenieros es una obligación participar en la defensa de la nación norteamericana. Asimismo, el documento insta a la construcción de armas que utilicen inteligencia artificial, la reinstauración del servicio militar obligatorio, el rearme de Alemania y Japón (territorios donde Palantir ha abierto oficinas), enaltece la hegemonía del imperialismo estadounidense por haber supuestamente garantizado una época de paz, propone la aplicación de sistemas de policía predictiva y cuestiona la diversidad cultural, entre otros puntos.

Esta declaración fue tildada por muchos como tecnofascista, concepto que agrupa ideas ligadas al predominio de las tecnologías por sobre otros valores humanos y el fascismo, ese viejo y siempre presente enemigo de las democracias.
Tras esta introducción, nos preguntamos: ¿Qué hacen los ciudadanos chilenos Johannes Kaiser y José Piñera reuniéndose con uno de los fundadores de Palantir, Peter Thiel? Y peor aún, ¿qué hace el Presidente de la República de Chile, José Kast, reuniéndose con el dueño de una empresa privada que le juró lealtad a un gobierno extranjero?
Iré al grano: la traición a la patria puede estar a la vuelta de la esquina.

Mantener reuniones con un oligarca que ha manifestado total devoción por Estados Unidos y sus objetivos militares no puede pasar desapercibido en ningún lugar del mundo, menos cuando quien lo hace es el representante de nuestro país, quien debería ser su principal defensor. Peter Thiel no propone en el interés de Chile: propone en el interés de la nación a la que le juró lealtad, y toda negociación con su persona implica irremediablemente un riesgo para los intereses de nuestra ciudadanía. Es inaceptable que tal reunión haya tenido carácter reservado, e imperativo que nuestros congresistas exijan no solo explicaciones, sino respuestas del mandatario para que conozcamos todos y cada uno de los diálogos que ameritan nuestra profunda y justificada preocupación.

Si con anterioridad se puso en tela de juicio la instalación de un «cable chino» por la supuesta filtración de datos de chilenos, información estatal e incluso militar; hoy la alarma suena respecto del interés de Palantir sobre nuestra infraestructura informática.

Peter Thiel y Alex Karp han construido su fortuna a partir de la información personal de millones de personas en todo el mundo, financiados en parte por la CIA y con inversionistas estatales y privados alrededor del globo. Es por tanto, inaceptable que puedan existir contratos entre nuestras instituciones (el Gobierno o las Fuerzas Armadas) que expongan los datos de nuestros compatriotas en beneficio juramentado de los Estados Unidos.

No existe acuerdo comercial que nos beneficie si implica exponer nuestra infraestructura crítica y quedar en total dependencia de una potencia extranjera. En la práctica, eso equivale a convertirse en un protectorado con dependencia tecnológica y militar de otro país, que al mismo tiempo podrá influir sobre nuestras políticas y afectar las decisiones soberanas que como electorado aún podemos tomar mediante el voto y a través de representantes que deben actuar con plena libertad, sin injerencias externas.

Olvídense de la ley de protección de datos personales, de la ley de inteligencia, de la ley de ciberseguridad y de la futura normativa que regule las inteligencias artificiales: todas ellas son, en los hechos, vulneradas por potencias tecnológicas que, radicadas en otros países, se encuentran amparadas por sus aparentemente omnipotentes gobiernos.

¿Qué hace un ciudadano chileno con influencia política y económica reuniéndose con quien, según su propio manifiesto, pretende armar a los Estados Unidos para una guerra tecnológica? ¿Qué hace, si no es poner en riesgo la seguridad de sus propios compatriotas? ¿Quiénes más se han reunido con estos vendedores de armas? Porque eso es lo que venden, en sus propios términos: armas de inteligencia artificial.

Hago un llamado al Congreso, a la Corte Suprema, a la Contraloría, al Consejo para la Transparencia y, por qué no, al Ministerio Público, para que exijan las respuestas a las personas involucradas.