Imagina ser mujer mapuche, vivir en lo profundo del sur de Chile y llevar en tu corazón la defensa de la flora, la fauna y el agua que sostienen a tu comunidad. Imagina caminar día a día con tu perro fiel a tu lado, recorriendo los bosques, buscando animales y cuidando el territorio ancestral. Imagina, también, haber sido amenazada por empresarios poderosos por no ceder esas tierras, por no silenciar tu voz, y de pronto un día… no volver.
Eso le ocurrió a Julia del Carmen Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de Máfil, Presidenta de la Comunidad Putreguel. El 8 de noviembre de 2024 salió junto a su perro “Cholito” a buscar animales y desde entonces no regresaron a su hogar. Lo único que quedó fueron huellas, su bastón y el clamor desesperado de sus hijos, que llevan casi un año exigiendo justicia, enfrentándose al muro de indiferencia y negligencia institucional. El Estado chileno estaba advertido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a favor de Julia, reconociendo el peligro que enfrentaba como defensora ambiental y territorial. Aun así, esas garantías resultaron insuficientes: su desaparición ocurrió en medio de conflictos de tierras y amenazas abiertas.
Hoy, nuevas pruebas estremecen a la opinión pública: una escucha telefónica autorizada revela que el imputado Juan Carlos Morstadt (empresario forestal) habría reconocido ante su propio padre que a Julia “la quemaron”. Ese testimonio, lejos de abrir de inmediato una línea clara de investigación, fue ocultado durante meses a la familia y sus abogadas. La Fiscalía ha sido denunciada por entorpecer el acceso a la carpeta investigativa, generando la sensación de encubrimiento y revictimización.
Mientras tanto, el Gobierno reconoce la “extrema gravedad” del caso y ofrece apoyo institucional, pero las acciones concretas siguen siendo tardías y fragmentadas. Diversas organizaciones exigen lo evidente: celeridad, transparencia y el reconocimiento de que este no es un caso aislado, sino un atentado político contra una defensora de la vida.
Este no es solo el drama de una familia ni de una comunidad. Es un caso gravísimo, el reflejo de un país donde la impunidad de los oligarcas convive con la negligencia de la justicia, donde los intereses empresariales parecen tener más peso que la vida de una mujer que defendía sus tierras. Deja entrever el verdadero rostro de la pseudomocracia liberal, donde hay “poderosos” que no solo controlan los mass media, marcan una pauta o financian a políticos de su interés, sino que también deciden con impunidad sobre la vida de otros. Una “democracia” con una Constitución que dice asegurar la igualdad ante la ley y que no deben existir “grupos privilegiados”. No sería el primer caso de un ambientalista o sindicalista desaparecido o muerto en extrañas circunstancias. En este Chile, ser mujer, ser indígena, ser pobre y alzar la voz por la naturaleza y tradiciones, significa caminar con el riesgo constante de desaparecer. Y cuando eso ocurre, el aparato judicial responde tarde, lento, o derechamente encubre. Julia Chuñil es el rostro de esa injusticia: la tierra arde, las comunidades claman, la justicia calla.
La pregunta sigue abierta y es urgente: ¿Quién mandó a quemar a Julia Chuñil? ¿Quién responde por su ausencia, por el dolor de sus hijos y por la indiferencia institucional? No unimos a las exigencias que claman verdad y justicia.
