Érase una vez, por allá terminando la primera mitad del siglo XIX, cuando el auge cerealero, junto con las políticas pro-inmigración de los gobiernos oligárquicos conservadores-liberales portalianos, provocaron el arribo de oleadas de colonos extranjeros latifundistas en la Araucanía, quienes con engaños, estafando, haciendo uso de la violencia e involucrando en procesos contractuales confusos y tramposos a indígenas y campesinos pobres, lograron hacerse de vastos dominios territoriales.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la oligarquía ponía su mirada ambiciosa en la indómita Araucanía, con ansias de expandir la influencia del Estado-oligárquico, utilizando el brazo armado del ejército, decidió invadir estas tierras. Erradicaron mediante la más pura e innegable violencia a las comunidades que habitaban estas zonas (indígenas y campesinos), los despojaron de sus tierras, las cuales fueron posteriormente entregadas a nuevos dueños extranjeros, quienes las traspasaron continuamente a sus descendientes. A las bestias invasoras se les levantan estatuas, como Cornelio Saavedra, sanguinario mercenario de las élites Chilenas de la época.
Estos colonos extranjeros, los oligarcas y militares, expandieron la influencia del Estado de Chile y la burguesía histórica sobre estas tierras. Crearon grandes latifundios agrarios, todo bajo la justificación del progreso. Progreso donde el campesino que trabaja la tierra ganaba una miseria, pero el colono se hacía cada vez más rico. Era la continuación de un semicolonialismo arcaico, un mercantilismo medieval, el beneficio económico de la oligarquía histórica y la condena de la miseria del pueblo.
Era 1973, y los mismos herederos de las oligarquías volvían a imponer su proyecto político mediante la fuerza, derrocando a un presidente democráticamente electo, en colaboración con Estados Unidos, cuyo mandatario era Richard Nixon y cerebro interventor era el propio Henry Kissinger. Posterior al Golpe de Estado, la junta militar dictó leyes que despojaron al país de su soberanía, entre ellas el decreto ley 701 de 1974, que regalaba a la oligarquía chilena, los colonos extranjeros y su descendencia, la posibilidad de llevar adelante un lucrativo negocio, financiado por el Estado. Ellos solo debían colocar las tierras que consiguieron en el pasado con sangre y engaño o compraron en fraudulentos procesos abalados por el Estado y la dictadura del capital. Esta norma les facilitaba levantar grandes negocios forestales patrocinados por el fisco y los impuestos de todo Chile. Fue literalmente una fábrica de ricos donde casi no se pagaban impuestos por el rubro y tampoco se escatimaba seriamente en el impacto ambiental.
No por nada el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou se llevó el mejor trozo del pastel en el negocio forestal, sin contar que también recibió beneficios de otros recursos, no es raro que sea el actual accionista mayoritario de SQM.
Ciertos grupos dentro del pueblo Mapuche cuestionan fuertemente y con justa razón, la legitimidad de esta usurpación territorial e incluso deciden combatirla con necesaria acción directa, ante el silencio y complicidad del Estado neoliberal. Se le pide groseramente paciencia a quienes han visto pasar un siglo sin respuesta, tomando en consideración que la inmensa mayoría de las comunidades mapuche trabaja la recuperación de tierras por vías legales. Se muestra como víctima al latifundista, al patrón, al oligarca, al colono, que recibe atentados contra su bendita propiedad privada, pero la prensa y el gobierno liberal jamás cuestionan la razón de esta violencia, por el contrario, vende el morbo con la moral progresista, mostrando aquella violencia como un fenómeno injustificado, minorizándola como si fuera delincuencia, acciones de simples inadaptados, burlándose en la propia cara de la historia. Se reconoce la legitimidad del latifundista, “agricultor” le dicen, jugando con la psicología de las palabras.
Se lamenta increíblemente el daño al bolsillo del patrón, pero jamás se lamentó la vida del indígena muerto, las comunidades despojadas, los engaños cometidos, la precarización del latifundio, el robo del trabajo al campesino, el robo de la tierra al mapuche. La violencia recibida es la mera consecuencia de una violencia histórica que los usurpadores y el ilegitimo Estado oligárquico fomentó. Las acciones generan respuestas prontas o tardías. Los violentistas de la clase acomodada llaman violentos a las víctimas, lloran en televisión sus pérdidas materiales mientras ocultan las pérdidas humanas de sus abusos. Es una cruel ironía de la ignorancia. La violencia que ellos mismos otrora provocaron, la condenan en televisión con la complicidad del gobierno y la élite nacional. Es el descarado victimismo reaccionario del latifundista y oligarca, una burla en nuestras propias caras, que hace mofa a la historia. Heredando y vendiendo tierras que consiguieron ilegítimamente, bajo un sistema jurídico y mediático que permite y avala este abuso de poder. Si Chile fuera democrático, popular, decente y justo, la mera existencia de esos usureros de la tierra, los monopolistas y los rancios terratenientes, sería un insulto y un detrimento contra la patria.
Bibliografía.
- Biblioteca nacional de Chile, Memoria Chilena. “Ocupación de la Araucanía (1860-1883)”. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3630.html#presentacion.
- Rodríguez, H. O. (2013). Derecho y pueblo mapuche. Aportes para la discusión. https://www.corteidh.or.cr/tablas/28658.pdf.
- Decreto Ley 701. (1974, 28 octubre). Biblioteca del congreso nacional de Chile / BCN. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6294.
- Extreme Option: Overthrow Allende. (2020). National Security Archive. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2020-09-15/extreme-option-overthrow-allende.
- Centro de Estudios Miguel Henríquez. (2000, 14 noviembre). Documentos desclasificados de EEUU sobre Chile La inteligencia «“gringa”» en Chile. Archivo Chile. http://www.archivochile.com/Imperialismo/us_contra_chile/UScontrach0023.pdf
