El Salvador es una república presidencialista y democrática, al igual que Chile, situada en Centroamérica, con una población de aproximadamente 6.187.000 habitantes. En los últimos años, el país ha llamado la atención a nivel internacional por las políticas carcelarias y de seguridad pública implementadas por su presidente, Nayib Bukele, quien asumió el cargo en 2019; mismo año en el que comenzó a ejecutar el denominado “Plan de Control Territorial” creado para combatir la violencia en las zonas más peligrosas a través de medidas de seguridad y desarrollo social donde destaca el despliegue de soldados en las calles para combatir la delincuencia, la construcción de Centros de Rehabilitación para jóvenes delincuentes, la implementación de programas de empleo y educación para jóvenes en riesgo y la mejora de la infraestructura y servicios básicos en las comunidades afectadas. Por su parte, la “Ley de extinción de dominio” (que entra en controversia directa con el preciado derecho de propiedad), aprobada en el año 2020, permite a las autoridades incautar propiedades y bienes de personas acusadas de delitos graves, como el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.
La ley también establece procedimientos para recuperar los bienes robados o malversados por los funcionarios públicos. Estas acciones, en conjunto con un alto reforzamiento de los sistemas de video vigilancia y aumento de presupuesto a policías y militares muestran a Bukele ante la opinión pública como una figura autoritaria dentro de un panorama occidental, en general, el mundo liberal-progresista. Lo anteriormente mencionado, ha generado preocupación dentro de distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos tanto de El Salvador como internacionales. El mismo Bukele ha emitido declaraciones en discursos y entrevistas que han producido polémica y no hacen sino reforzar la visión autoritaria de su figura, entre sus declaraciones destacan; el afirmar en Febrero del año 2019 que lanzaría el anteriormente mencionado plan aún sin la aprobación del Congreso afirmando que llevaría adelante la ejecución aún si ello implicaba tomar medidas extraordinarias y “fuertes” en favor de la seguridad pública del pueblo Salvadoreño, también un hito importante es el denominado “Bukelazo” cuando se rodeó de militares el congreso durante una sesión que votaba el financiamiento de medidas de seguridad.
El enfoque de esta columna se centra en un análisis general de las medidas de seguridad pública impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, dejando de lado la polémica y la discusión sobre su praxis económica, el uso del Bitcoin y su postura en temas de género, para confrontarlas con la realidad chilena.
Independientemente de la posición política de cada persona, la figura de Nayib Bukele nos lleva a reflexionar sobre las problemáticas contemporáneas de las sociedades occidentales liberales y progresistas. Entre ellas, se encuentran los dilemas de un Estado garante de los derechos humanos y la delgada línea que existe para que la garantía de estos derechos combinada con falta de recursos, problemas de marginación y educación erosionen el Estado de Derecho generando una realidad excesivamente garantista con personas y grupos que no presentan interés en formar parte de la vida en sociedad ni rehabilitarse, sino que, por el contrario, representan un peligro y menoscabo para ciudadanos/as que respetan las normas legales y morales. El exceso de tolerancia con la delincuencia, el narcotráfico y el pandillaje en general provocó que en El Salvador se presentarán índices preocupantes de homicidios, llegando a una tasa anual de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, situación que disminuyó drásticamente desde que Bukele asume la presidencia. La “Encuesta de Victimización y percepción de inseguridad” en El Salvador daba cuenta que, la población Salvadoreña identificaba como problema principal en su nación el crimen y la delincuencia (55,4% del universo encuestado) siguiendo de lejos el desempleo (11,6%) y la desigualdad (6,4%).
Sin embargo, la realidad Salvadoreña no es muy distante de otros países de Latinoamérica que presentan índices de criminalidad y delincuencia preocupantes. Nuestra nación Chile no se encuentra exenta de aquello. En los últimos años se presenta un aumento en; robos con violencia e intimidación, (por cada 100.000 habitantes se denunciaron en el año -2005- 302,4 casos, en el año -2015- 340,9 y en el año -2022- 373,3), violaciones (por cada 100.000 habitantes se denunciaron en el año -2005- 15,2 casos, en el año -2015- 13,5 y en el año -2022- 22,7), abusos sexuales y otros delitos sexuales (por cada 100.000 habitantes se denunciaron en el año -2005- 41,4 casos, en el año -2015- 44,9 y en el año -2022- 86,2), entre otros varios fenómenos delictivos como robo de vehículos motorizados, comercio ambulante o clandestino, etc. En general, no puede decirse que Chile tiene un problema similar al de El Salvador, sin embargo hay motivos suficientes para afirmar que puede ir en dirección a ello. Se comienza a configurar de forma cada vez más notoria una distancia mayor entre las problemáticas reales de la clase popular de nuestra nación con quienes gobiernan; la migración irregular descontrolada, la falta de capacidad para perseguir crímenes y delitos con mayor efectividad, el creciente narcotráfico con mayor variedad de sustancias en el mercado, la inseguridad en espacios públicos son problemáticas que no se tratan con la urgencia que merecen, atendiendo a su gran impacto en la población general. Diversos estudios dan cuenta de que, en general, el chileno/a afirma que debería disminuir el número de migrantes autorizados para entrar al país (64% según Fundación Superación de la Pobreza), ha contrario de la práctica política de las autoridades tanto de sectos políticos de la ex-concertación, el frente amplio y la derecha, que impulsan la migración y son tolerantes incluso con aquella ilegal. Del 2014 al 2018 se triplicó la cifra de extranjeros residentes en Chile y en la actualidad aquella cifra sigue en aumento. Fenómeno de tolerancia que se repite con cuestiones como el comercio ambulante que invade por la fuerza espacios públicos siendo fuente de riñas y desórdenes públicos.
Tanto Chile como El Salvador son países del tercer mundo, o “amablemente” llamados por la comunidad internacional como países en vías de desarrollo, grupo que se enfrenta a una dependencia económica del comercio internacional y la supeditación de sus monedas a la hegemonía del dólar y otros fenómenos del mercado. En ese sentido, la falta de recursos es un problema general, transversal a cualquier proyecto político independiente del lente ideológico desde el cual se mire, trayendo como consecuencia directa Estados que no pueden satisfacer muchas veces las necesidades de la población en general y que no poseen recursos económicos suficientes para financiar proyectos imprescindibles en sus realidades. Es por ello, que las políticas carcelarias de Bukele ponen un tema estratégico mucho más profundo de lo que parece sobre la mesa. El financiamiento para la seguridad pública demanda una gran cantidad de recursos, más aún cuando los problemas relacionados a la misma se disparan a índices insostenibles como ocurrió en El Salvador, he ahí donde entra en pugna el sistema garantista con las necesidades de la población. Uno de los puntos estratégicos del plan de Bukele es la reducción de las prestaciones carcelarias en sus centros penitenciarios, como la disminución frecuencia-calidad en la alimentación, comodidades, etc. Esto permite un ahorro de recursos al Estado que pueden ser usados para otros fines en el desarrollo, no obstante producen el fenómeno del hacinamiento y vulneración de garantías establecidas en tratados internacionales de derechos humanos imponiendo la siguiente pregunta ¿Debe un Estado garante de los derechos humanos ejercer una política alineada con los requerimientos internacionales aún a costa del perjuicio a sus nacionales? ¿Debe un Estado supeditar su persecución de crímenes y delitos en parte a la capacidad carcelaria? La respuesta a esta pregunta genera, por su naturaleza, especial controversia, sin embargo optamos por la opción NO.
La experiencia Salvadoreña da cuenta de los peligros de la interpretación pro-reo excesiva de los derechos humanos y garantías relacionadas al régimen penitenciario. Los conceptos de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y libertad de movimiento, entre otros, no deben ser aplicados de tal manera que perjudique a los ciudadanos que contribuyen y producen para el país, mientras benefician a aquellos que causan daño a la comunidad nacional y resultan en un gasto fiscal significativo.
Mantener a una persona privada de libertad en Chile cuesta aproximadamente $930.000 CLP (pesos chilenos) mensuales, si nos remitimos a datos del INDH al año 2018, esta cifra debe multiplicarse por aproximadamente un número total de 40.908 internos resultando un gasto fiscal exorbitante ($38.044.440.000 CLP mensuales). Si esto lo contrastamos con el gasto mensual del Estado por cada niño, niña y adolescente del SENAME ($280.000 CLP aprox) sale a la luz una diferencia de gastos sumamente cuestionable. ¿Debe un Estado mantener a toda costa las condiciones carcelarias exigidas por los estándares internacionales aun cuando esto implique invertir menos en fenómenos como la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, el desempleo, la seguridad pública y el desarrollo de la industria nacional? ¿Son prioridad las condiciones de los reos frente a un panorama nacional de crisis económica, política y social? Nayib Bukele es una de las pocas figuras presidenciales que ha optado por dar respuesta negativa a aquellas preguntas, contrario a sus pares internacionales.
¿Chile debería seguir el ejemplo de El Salvador en cuanto a seguridad pública? Esto implica invertir menos en garantías carcelarias y combatir el crimen y la delincuencia con medidas que son consideradas autoritarias por la comunidad internacional. Desde una perspectiva patriótica, la respuesta es afirmativa.
La patria es el pueblo, no un chovinismo sentimental, es la vida colectiva de quienes la construyen, de los/as que trabajan, de los/as que viven en comunidad. La patria es la vecina que organiza ollas comunes, los estudiantes, artistas populares, intelectuales, trabajadores y trabajadoras en general; unidos bajo una cultura, territorio y sentimiento de pertenencia. Es prioritario garantizar la dignidad y el desarrollo de aquellos que trabajan por su patria, por encima de cualquier imposición internacional sobre el gasto público. Si la seguridad, calidad de vida y desarrollo de los ciudadanos se ven amenazados, es responsabilidad del Estado establecer prioridades. En este sentido, considero que Nayib Bukele ha acertado al reducir el gasto en lo penitenciario para cumplir con estándares internacionales, y en su lugar, aumentar la inversión en necesidades sociales. Es importante que Chile adopte una postura de soberanía nacional ante la presión internacional para influir en sus políticas estatales, tal como ha hecho Nayib Bukele al enfrentar la presión de la ONU y otros organismos internacionales que defienden los derechos de "Los Mareros" en El Salvador, a pesar de que han generado violencia y miedo en ese país. ¿Debería Chile esperar a encontrarse en una situación crítica como la de El Salvador para implementar una nueva política de seguridad pública y carcelaria? Definitivamente no. Chile tiene la oportunidad de aprender de la experiencia salvadoreña y controlar fenómenos como la migración irregular masiva, la tolerancia al narcotráfico y su relación con los territorios, la corrupción y la desconexión del poder político con las necesidades de la mayoría de la población. Esto no solo es un deber patriótico, sino también una necesidad urgente. La figura de Nayib Bukele representa una postura política poco común, con tendencias de derecha en lo económico y similitudes con la izquierda tradicional en lo social, antes del advenimiento del progresismo contemporáneo. Es posible que esta figura sea bien recibida en Chile, dadas las preocupaciones y expectativas actuales de la sociedad. Los riesgos de que surja la demagogia en lugar de un proyecto político real de desarrollo, que incluya la seguridad pública de manera adecuada, son cada vez mayores en Chile debido a la falta de grupos políticos que satisfagan las mismas necesidades que Bukele con su población nacional.
Chile demanda seguridad pública y control de la migración, cuestión que la ex-Concertación, Frente Amplio y/o Apruebo Dignidad no han abordado con seriedad, posicionándose de forma garantista aún en perjuicio de los nacionales, mientras que la derecha y su coalición tiene un discurso pro-seguridad pública, pero si analizamos su práctica política real en el ejercicio del poder se puede dilucidar que no es distante de la práctica ejercida por la ex-concertación, Frente Amplio y/o Apruebo Dignidad por lo que ambos espectros políticos se encuentran ya sea por discurso o acciones, alejados de las pretensiones generales de la nación. Por lo que rescatar y traer los aciertos de Nayib Bukele en seguridad pública y políticas carcelarias adecuados a nuestra realidad nacional es una necesidad, independiente de la posición política individual de cada uno, para evitar el aprovechamiento demagógico de problemáticas actuales por parte de usureros o enemigos de la patria. No por nada el mandatario Salvadoreño presenta niveles sorprendentes de aprobación entre sus compatriotas, llegando al 91%. Digamos por ejemplo, que el mismo gobierno de Boric estrategicamente ha adoptado un discurso que castiga la inmigración irregular, el comercio ambulante, trabajando con municipios para incrementar la seguridad o militarizando zonas fronterizas consideradas pasos irregulares.
Es cierto que bajo todos los estudios del derecho penal, la imposición de un sistema totalmente inquisitivo no elimina la delincuencia en el largo plazo, pero si facilita mecanismos de control dentro de un parámetro razonable en el Estado de derecho. Podríamos decir que la erradicación de las causas que generan la miseria –propias de un sistema liberal-capitalista- junto con el endurecimiento de penas para quienes contravengan los intereses de los trabajadores, son la base motriz de un modelo que imponga el peso de la ley en favor del bien común.
FUENTES
BBC: Bukele y la violencia en El Salvador https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51540641
BBCL: Dinero vs condiciones carcelarias Chile www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2022/09/19/dineros-vs-condiciones-carcelarias-cuanto-cuesta-mantener-a-un-preso-en-chile.shtml#:~:text=Mantener%20a%20una%20persona%20privada,destinaban%20más%20de%20%24930%20mil.
CEAD: Estadísticas delictuales Chile cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales
Conceptos fundamentales PRAXIS PATRIA https://praxispatria.cl/wp-content/uploads/2022/05/DEFINICIONES-FUNDAMENTALES-DEL-CIRCULO-PATRIOTICO-DE-ESTUDIOS-CHILENOS-E-INDOAMERICANOS.pdf
Encuesta de Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador https://infosegura.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Encuesta-de-victimización-y-percepción-de-inseguridad.pdf
El Tiempo: Aprobación de Nayib Bukele www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/nayib-bukele-tiene-una-aprobacion-del-91-en-el-salvador-segun-encuesta-750513
FACTCHECKING: Gastos del Estado por niño en el SENAME. factchecking.cl/user-review/no-existe-un-monto-fijo-que-gaste-el-estado-por-nino-en-el-sename
Fundación superación de la pobreza: percepción de los chilenos sobre migrantes www.superacionpobreza.cl/los-chilenos-son-los-mas-duros-de-america-en-su-percepcion-sobre-los-migrantes/#:~:text=Roberto%20Méndez%20entregó%20una%20serie,autorizados%20para%20entrar%20al%20país.
INDH: Estudio de las condiciones carcelarias en Chile (2018) www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/08/Estudio-de-las-condiciones-carcelarias-en-Chile-2018-INDH-Versión-final.pdf
NUMBEO: Criminalidad en Chile es.numbeo.com/criminalidad/pa%25C3%25ADs/Chile
Oficina de información diplomática: Ficha País EL SALVADOR www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/elsalvador_ficha%20pais.pdf
