De esto se sigue que, para que la PBE sea posible, los Estados, quienes toman decisiones y quienes generan políticas, deben estar permanentemente en conocimiento de todos los ámbitos relevantes de la realidad nacional. Por lo tanto, se hace necesario que exista una constante producción de evidencia y proliferación de estudios científicos en todos los aspectos respecto a los cuales se pudiese requerir tomar alguna decisión política en algún momento. Para esto, es necesaria la existencia de instituciones que estén constantemente realizando todo tipo de investigaciones, tales como universidades, centros de investigación, empresas, etc. Por otro lado, bajo la misma lógica, también es necesario que el país cuente con expertos en todas las áreas posibles y que el Estado promueva su formación, ya sea del ámbito de la ciencia básica o aplicada, de las ciencias naturales, sociales, tecnológicas y/o formales. Así mismo, será un deber de los expertos de cada área el poner sus conocimientos a disposición siempre cuando se requiera para la elaboración de políticas públicas.
Es importante destacar que para generar políticas públicas respecto un área específica (por ejemplo salud, educación, deporte o minería) no es solo se necesita información y expertiz propia de ésta, sino que también es necesario contar con información y expertiz respecto a la aplicación del conocimiento específico de cada área en la esfera pública.
La política basada en evidencia de ninguna manera es lo mismo que una tecnocracia. Toda buena política pública no puede dejar de tomar en consideración a quienes se verán afectados por ésta. Por lo tanto, también es necesario disponer de información y evidencia respecto a las dinámicas sociales, económicas y culturales de los distintos grupos sociales que habitan el país, lo que muchas veces requiere una interacción directa y constante con la ciudadanía, a modo de un permanente dialogo, participación y educación. Una PBE que no escuche o no considere a la ciudadanía es simplemente una mala PBE. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que la política no es un ejercicio de improvisación. Aspectos tales como la democracia participativa, el ejercicio de la soberanía, la maximización de la justicia, etc. deben ser efectuados de forma óptima y rigurosa mediante mecanismos que puedan ser perfeccionados y continuamente mejorados. En ese sentido, también son aspectos que deben ser estudiados científicamente y ejecutados atendiendo a la evidencia, la investigación y la correcta integración de todos los sectores involucrados.
Ejemplos de PBE exitosas en Chile tenemos bastantes en nuestra historia. Podría mencionarse el trabajo temprano del Dr. Eduardo Cruz-Coke en salud pública, así como posteriormente la obra del Dr. Salvador Allende (como ministro o como presidente) en el mismo ámbito. Otro ejemplo son las políticas de urbanización llevadas a cabo por la CORVI en a mediados del siglo pasado. Más recientemente podemos destacar las exitosas políticas públicas de nutrición impulsadas por el Dr. Fernando Monckeberg en la eliminación de la desnutrición infantil. Sin embargo, lamentablemente estas últimas décadas hemos sido testigos de un total abandono de la PBE en nuestro país. Con el fin de beneficiar a unos pocos (usualmente grandes inversionistas o representantes de intereses privados), o con motivos puramente demagógicos y electoralistas, se han cometido verdaderas atrocidades contra el medio ambiente, la salud pública, la urbanización, la educación, etc. mientras las comunidades de expertos tienen que arrodillarse para ser escuchadas, o su opinión es puesta al mismo nivel que la de otros grupos de presión con objetivos que no necesariamente son el bien común de toda la nación.
Sin duda, el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 es el ejemplo más notable de políticas públicas improvisadas, donde la voz de los expertos, la evidencia nacional e internacional y la transparencia no fueron siquiera considerados para tomar decisiones, lo que trajo consigo enfermedad, empobrecimiento y muerte para muchos chilenos y chilenas. La política basada en evidencia, más que una mera etiqueta que otorga un plus a ciertas políticas debería ser considerada una responsabilidad moral por parte de las autoridades de frente al país y toda la sociedad.
Finalmente, si bien la PBE es una condición para cualquier política pública decente, para que sea valorada adecuadamente y para que sus beneficios se perciban realmente y permanezcan en el tiempo, es necesario que se enmarque dentro de un plan nacional de desarrollo a largo plazo (como era el caso de los ejemplos de PBE mencionados más arriba).
De existir tal plan nacional, la PBE en todo ámbito se transformará inmediatamente en un pilar fundamental para poder llevarlo a cabo exitosamente. De esta forma, si nuestro objetivo es alcanzar la independencia nacional, la industrialización, la autosubsistencia, la justicia social y el alcance del desarrollo, entonces la Política Basada en Evidencia se convierte en un componente indispensable, junto con el consecuente fomento de la investigación científica y la formación de expertos de todas las áreas relevantes y necesarias.
